SOLICITUD DEROGACIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES.

NOTA DE PRENSA

Santiago, miércoles 10 de julio de 2013

El sector forestal pide apoyo a la Xunta para que se aplique la Ley de Montes que deroga las ordenanzas municipales sobre la movilización de madera

— Los municipios están aprobando ordenanzas municipales, 21 en los últimos 12 meses, que gravan la actividad de los aprovechamientos forestales
— El sector advierte que es una medida discriminatoria frente a otras actividades en el medio rural que perjudica su competitividad y genera inseguridad jurídica
— En la actualidad, más de 15 instituciones administrativas diferentes tienen competencias sobre la movilización de madera, lo que dificulta la actividad de las empresas forestales
Confemadera Hábitat Galicia pide apoyo a la Xunta de Galicia para la aplicación de la Lei 7/2012 de Montes de Galicia, que entró en vigor en agosto de 2012, con el objetivo de que “garantice un marco jurídico estable a esta actividad industrial”.
El presidente de Confemadera Hábitat Galicia, Elier Ojea, confía en recibir una respuesta “cuanto antes” de la Administración Autonómica ya que “la Xunta de Galicia ha sido informada por Confemadera Galicia sobre este tema, y no hemos recibido respuesta por el momento”. Ojea explicó que la acción de la administración autonómica es necesaria ya que la ley establece que se deben derogar en un plazo de un año, las ordenanzas que aplican algunos ayuntamientos a las actividades de movilización de la madera.
El sector expresa su “preocupación” por el hecho de que, en contra de lo que dice la ley, “los ayuntamientos gallegos aprueban ordenanzas municipales sobre los aprovechamientos forestales”. En la actualidad, 78 municipios cuentan con estas ordenanzas, 21 de ellos han aprobado o tramitado nuevas ordenanzas desde la entrada en vigor de la Lei de Montes, a las que deben sumarse más de una veintena en los próximos días, que están actualmente en fase de exposición pública.

Discriminación del sector
Elier Ojea destacó que estas ordenanzas, las tasas y las fianzas que exigen los ayuntamientos “son discriminatorias comparativamente con otros sectores primarios y generan inseguridad jurídica”, ya que no se aplican a otro tipo de actividades del medio rural como el transporte agrícola o ganadero, instalación de parques eólicos…etc.
Además, advierte que representan “un incremento de cargas administrativas y de costes de gestión que las pequeñas y medianas empresas del sector no pueden soportar”.
Tradicionalmente, la industria de la madera gallega ha asumido todas las labores de gestión administrativa relativa a los aprovechamientos forestales a través de la figura de los rematantes, empresas especializadas “muy familiarizadas” con la tramitación de permisos en ayuntamientos, las diputaciones y los ministerios cuya legislación afecta a la movilización de madera.
En la actualidad, 15 instituciones administrativas diferentes tienen competencias sobre los aprovechamientos forestales, “con esta realidad sin la labor del rematante Galicia no podría superar el minifundismo que afecta al monte y a la tramitación administrativa, y los propietarios no obtendrían el máximo rendimiento de sus montes” reconoció Ojea.

La industria considera necesario que “se clarifique, simplifique y agilice la tramitación administrativa” sobre los aprovechamientos forestales. “Sólo así podremos continuar generando riqueza para el medio rural y para más de 54.200 propietarios forestales que anualmente venden madera en Galicia” ha subrayado Elier Ojea.

Mantener las pistas forestales, justificación para los ayuntamientos
Los ayuntamientos justifican la adopción de nuevas ordenanzas municipales en el mantenimiento de las pistas forestales. Confemadera Hábitat Galicia recuerda que las empresas disponen de pólizas de seguro de responsabilidad civil para garantizar la reparación de posibles daños. Y en caso de incumplimiento la administración local puede acudir a la vía judicial.
La industria de transformación de la madera y el mueble es uno de los sectores estratégicos para la economía de Galicia. El Instituto Galego de Estadística destaca su papel relevante en 52 ayuntamientos rurales, ya que representa el 30% de las industrias asentadas. La facturación conjunta del sector asciende a 1.625 millones de euros, el empleo supera los 70.000 puestos de trabajo y el valor de las exportaciones suma 688 millones de euros.

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